Gobierno federal impugna a Chihuahua ante la SCJN sobre lenguaje inclusivo en escuelas

MÉXICO, 28 de enero de 2026. El Gobierno de México presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua por el decreto local que modifica la enseñanza del idioma español y restringe —según el Ejecutivo federal— el uso del llamado "lenguaje inclusivo" en las escuelas del estado.

La controversia fue promovida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que argumenta que la reforma aprobada en Chihuahua —contenida en el Decreto LXVIII/APLIM/0129/2024, publicado en el Periódico Oficial del Estado— "vulnera la competencia constitucional del Estado respecto a la educación y posibles derechos fundamentales relacionados con la igualdad y no discriminación". La demanda fue registrada en la SCJN el 13 de febrero de 2025 y ya se encuentra en trámite.

El pasado 7 de octubre de 2025, el Congreso del Estado de Chihuahua, con mayoría de diputados del Partido Acción Nacional (PAN), aprobó una reforma al artículo 8 de la Ley Estatal de Educación que, en los hechos, impulsa la enseñanza del español correcto conforme a reglas gramaticales tradicionales en los centros escolares —públicos y privados—, en contraposición del uso del lenguaje "inclusivo" que incorpora arbitrariamente formas neutrales de género.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Carlos Olson San Vicente (PAN), quien defendió la medida como una acción para fortalecer el dominio del idioma español y evitar la ideologización en las aulas.

Las autoridades estatales han denunciado que la controversia constitucional representa una intromisión del Ejecutivo federal en las decisiones educativas locales, calificándola de «distorsión de prioridades» y un intento de imponer criterios ideológicos en un tema que, a su juicio, debe definirse de manera descentralizada.

Organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de padres de familia han respaldado la reforma estatal, argumentando que respalda la enseñanza tradicional del idioma y protege valores familiares.

La controversia constitucional será analizada por la SCJN, donde se discutirá si las modificaciones aprobadas por el Congreso de Chihuahua trascienden el ámbito de la educación local y vulneran derechos o competencias establecidas por la Constitución. La resolución de la Corte será clave para definir los límites de las políticas lingüísticas y educativas entre federación y entidades federativas en México. La SCJN está compuesta en su mayoría por jueces afines al partido oficial gobernante, por lo que se espera un fallo no favorable para Chihuahua. Oremos porque esta controversia constitucional no dañe el futuro de los niños chihuahuenses.