SCJN analizará despenalizar el aborto hasta los 9 meses de gestación

MÉXICO, 26 DE MAYO DE 2026. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  revisiará este jueves iniciativas que buscan despenalizar el aborto de manera prácticamente irrestricta.

Las propuestas a analizar permitirían el aborto hasta las 9 semanas de gestación (es decir, hasta segundos antes del nacimiento). Esta discusión pone en riesgo la protección constitucional de la vida humana en formación y el principio de proporcionalidad en la intervención del Estado.

Contenido de la propuesta

La iniciativa en cuestión, impulsada principalmente por legisladoras de partidos como Movimiento Ciudadano y otras fuerzas progresistas de izquierda, pretende eliminar o modificar sustancialmente los artículos del Código Penal Federal (y eventualmente armonizar con códigos estatales) que tipifican el delito de aborto. 

En su versión más radical, la propuesta busca que el aborto sea considerado un derecho de la mujer en cualquier momento de la gestación, sin límite temporal claro, bajo el argumento de la "autonomía corporal absoluta". Esto implicaría que incluso en el tercer trimestre —cuando el feto es viable extrauterina y presenta características morfológicas y neurológicas avanzadas— la decisión de la madre prevalecería sobre cualquier consideración del bebé por nacer. 

Los promotores fundamentan esta postura en interpretaciones expansivas de los derechos humanos (autonomía, igualdad y no discriminación), alegando que cualquier límite gestacional constituye una violación a la dignidad de la mujer. Esta visión choca frontalmente con la doctrina constitucional mexicana que no ha reconocido un derecho irrestricto al aborto hasta el nacimiento.

Antecedentes internacionales

Pocos países en el mundo han adoptado un régimen de aborto a solicitud sin límites gestacionales efectivos:

- China y Vietnam: Regímenes autoritarios de tipo totalitario, sin reconocimiento de los derechos fundamentales, con aborto prácticamente irrestricto, aunque por razones distintas (política demográfica).

- Canadá: Desde 1988, no existe límite legal de semanas. El aborto es tratado como un asunto médico sin restricción temporal expresa. 

- Países Bajos y España (en ciertas reformas): Han ampliado plazos y flexibilizado causales, acercándose a regímenes muy permisivos en etapas avanzadas.

- Reino Unido: Aunque el límite general es de 24 semanas, existen excepciones amplias que permiten abortos hasta el nacimiento en la práctica.

La gran mayoría de naciones democráticas mantienen límites gestacionales entre las 12 y 24 semanas, reconociendo un interés estatal creciente en la protección del feto conforme avanza la gestación (principio de gradualidad o viability en la jurisprudencia comparada).

Consecuencias negativas observadas en otros países

La experiencia internacional ofrece datos preocupantes sobre los efectos de regímenes extremadamente permisivos:

1. Aumento significativo en el número de abortos tardíos: En Canadá, se registra un porcentaje notable de interrupciones después de las 20 semanas, muchas por razones no médicas graves.

2. Impacto en la percepción social del no nacido: Cuando la ley no establece límites claros, se produce una progresiva deshumanización del feto viable. En el Reino Unido, debates recientes sobre la eliminación de sanciones penales incluso en abortos tardíos han generado fuerte controversia ética.

3. Presión sobre el personal médico: En sistemas con aborto sin límites, se reportan dilemas de conciencia graves para obstetras y neonatólogos, quienes en algunos casos deben inducir el parto de fetos viables para luego dejarlos morir (aborto por inducción).

4. Efectos demográficos y sociales: Países con regímenes muy liberales han experimentado caídas adicionales en las tasas de natalidad, agravando problemas de envejecimiento poblacional y sostenibilidad de sistemas de pensiones.

5. Regresión en la protección de la vida: La lógica de la "autonomía absoluta" tiende a expandirse y violar el derecho fundamental a la vida. Lo que comienza como “despenalización temprana” evoluciona hacia la exigencia de aborto hasta el nacimiento y, en algunos casos extremos, incluso de “aborto posnatal” (eufemismo de homicidio en primer grado) en ciertos círculos académicos radicales.

Desde un enfoque constitucional riguroso, esta propuesta enfrenta serios cuestionamientos:

- El artículo 1° constitucional reconoce el derecho a la vida y obliga al Estado a proteger a toda persona. La SCJN ha sostenido que el no nacido merece protección progresiva, no absoluta, pero tampoco nula.

- El principio de proporcionalidad exige que cualquier restricción a derechos (en este caso, a "la autonomía") esté justificada por un fin legítimo que corresponde a la protección de la vida en formación y que sea la medida menos lesiva.

- Reconocer un derecho al aborto hasta las 9 semanas equivaldría a negar toda personalidad jurídica al no nacido, lo cual resultaría incompatible con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso *Artavia Murillo* y otros) que reconoce protección prenatal.

Despenalizar hasta las 9 semanas supondría un salto cualitativo que redefiniría radicalmente el orden constitucional mexicano en materia de derechos humanos, con implicaciones éticas, demográficas y culturales de largo alcance.

La Corte tiene la responsabilidad histórica de no dejarse llevar por presiones ideológicas coyunturales y fundamentar su resolución en una interpretación sistemática y ponderada de la Constitución. El futuro del reconocimiento jurídico de la vida humana en México está en juego.