El nuevo Plan Nacional de Educación de Brasil es una amenaza real para los derechos de los padres

Las estimaciones muestran que los padres de más de 70,000 niños en Brasil han optado por educar a sus hijos en el hogar, un derecho protegido y consagrado en el derecho internacional. Si bien la decisión de educar o no en casa debe dejarse en manos de los padres del niño, en Brasil ese ya no es el caso.

Hasta ahora, hemos visto a padres como Regiane Cichelero ser procesados, multados y amenazados con retirarles la custodia simplemente por elegir educar a sus hijos en casa. Como si la situación no fuera ya suficientemente desalentadora, ahora existen planes educativos que erradicarían por completo la posibilidad de que los padres eduquen a sus hijos en casa.

El Plan Nacional de Educación (PNE) es un documento elaborado en la Conferencia Nacional de Educación, con base en los aportes de las conferencias de educación celebradas en los estados y municipios, que establece lineamientos y metas para la educación nacional durante los 10 años siguientes a su aprobación. El PNE tiene fuerza de ley desde el momento en que es aprobado por el Congreso, aunque el Congreso tiene la facultad de modificar lo aprobado en las conferencias.

En teoría, la importancia del Plan sería fijar objetivos para mejorar la calidad de la educación en Brasil. Sin embargo, lo que sucede es que las discusiones en las conferencias están amañadas para incluir palabrería ideológica y agendas corporativistas. A esto se suma la falta de rendición de cuentas de los actores educativos por cualquier incumplimiento de los objetivos. Al final, el documento no tiene importancia significativa en la construcción de políticas educativas que se centren en el mejoramiento y la libertad de enseñanza, a pesar de ser citado como el lineamiento de la educación y la herramienta para impedir políticas educativas en estados y municipios que pretendan adoptar cualquier propuesta en contra de las determinaciones del Plan.

Entre los preocupantes ejemplos de agendas incluidas en el documento base del PNE se encuentran el ataque a la educación en el hogar, las escuelas militares, la agroindustria y la educación privada y confesional. Además de estos puntos, que van en contra de los intereses de una parte significativa de la población y socavan el principio constitucional de la pluralidad de conceptos pedagógicos, el documento avanza pautas de identidad que no están vinculadas a ningún progreso en la calidad de la educación intelectual de los niños. El término "LGBTQIAPN+" aparece con más frecuencia que "Lengua Portuguesa" y "Matemáticas" en el texto, lo que dice mucho sobre las prioridades del actual gobierno en materia de educación.

La consecuencia de esto para la educación brasileña, que ya es de muy mala calidad, es la creación de jóvenes militantes, dentro de una cultura de rebelión y resentimiento, en lugar de preparar a los jóvenes para que sean mínimamente funcionales para el mercado laboral, con pleno dominio de su lengua y las matemáticas. Además, a una década de vigencia del nuevo PNE, el riesgo de perpetuar prácticas que ya se están dando es enorme, como la ideologización de la enseñanza y la asignación de recursos a costos de personal, ignorando inversiones en infraestructura e innovación educativa.

Para la educación en el hogar, la situación será aún más grave si el documento se aprueba sin cambios. El texto es muy claro al decir que este tipo de educación debe ser extirpada de la sociedad brasileña. El escenario actual para las familias que optan por la educación en casa en Brasil es confuso y las familias viven en un limbo legal. Aunque reconocidos en tratados internacionales de los que el país es signatario, estos son absolutamente ignorados por el poder judicial brasileño y rechazados por los burócratas que gobiernan la educación en el país. Las familias han sufrido persecución y amenazas por parte de las autoridades públicas y un plan nacional que condene la práctica de la educación en el hogar podría intensificar estas acciones.

Si se aprueba el documento, habrá aún más persecución y menos espacio para la discusión del tema, lo que perjudicaría a las decenas de miles de familias que actualmente educan a sus hijos de esta manera. Por eso la sociedad se está movilizando para derogar este documento, que no es resultado de la voluntad de la mayoría de la población brasileña, sino de una elite burocrática y sindical que quiere que la educación sirva sólo a sus propios intereses.

Además, todo el proceso de elaboración de la propuesta del Plan está viciado y debería ser anulado y rehecho en su totalidad. El documento base presentado a discusión no cumplía con los requisitos constitucionales, y las discusiones se llevaron a cabo de manera apresurada, con el claro objetivo de inviabilizar el debate que, al final, se redujo a una reunión de personas que tienen la misma visión del mundo y queremos imponerla al resto de la sociedad.

Por todas estas razones, los movimientos profamilia se están organizando en todo Brasil para informar a los diputados y senadores sobre la urgencia y la importancia de rechazar el Plan Nacional de Educación propuesto en su totalidad.

Espero que se unan a mí para orar y encontrar formas de apoyar los derechos de los padres en Brasil. El gobierno no debería imponer planes educativos motivados ideológicamente sino respetar los derechos de los padres en la educación de sus hijos. Todos los padres tienen el derecho y la obligación otorgados por Dios de tomar decisiones que proporcionen los mejores resultados para sus hijos, y ningún padre debe ser castigado o procesado por elegir lo mejor para sus hijos.

Julio Pohl se desempeña como asesor legal para América Latina y el Caribe de ADF International. Además de monitorear y participar en la región latinoamericana y en la Organización de Estados Americanos, también ayuda a abogados aliados en litigios para proteger el derecho a la vida, la libertad religiosa y la familia.

Alexandre Magno Fernández Moreira. Padre de dos niñas y un niño. Abogado, profesor y mentor en educación en el hogar, derechos de los padres y derecho educativo. Director general de la Red Nacional Brasileña de Profesionales Pro Familia. Exsecretario Nacional de Derechos Humanos de Brasil. Actualmente investigador en KU Leuven (Bélgica).